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Derechos Sectoriales

Novedades en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público

Esta entrada la vamos a dedicar al análisis de la reciente modificación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, por la que se implantó la obligatoriedad de la facturación electrónica a todos los proveedores de todas las Administraciones Públicas, que son tres, Estatal, Autonómica y Local, desde el pasado 15 de enero de 2015, a través de la Disposición Final Sexta de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, publicada en el BOE el 13 de junio de 2015, por la que se introducen algunos cambios merecedores de tener en cuenta y con los que podemos ir comprobando la mejora de la necesaria de protección de los proveedores en sus relaciones con las Administraciones Publicas, Estatal, Autonómica y Local, favoreciendo el cada vez más riguroso seguimiento a la extinción de la morosidad de las Administraciones Públicas.

Estos cambios los encontramos en cuatro artículos de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en concreto en el Artículo 4, 6, 9 y 12 y la Disposición Adicional Décimo Sexta, que pasamos a analizar.

En primero de los artículos modificados, el Artículo 4. Uso de la factura electrónica en el sector público, añade como novedad el punto 2, por el que se les da el derecho de información a los proveedores sobre el uso de la factura electrónica, a través de un órgano, organismo público o entidad  que determine cada Administración Publica, medida muy positiva para éstos sobre el conocimiento y transparencia del procedimiento de derecho de cobro sus facturas, hasta hacerse realmente efectivo el abono de las mismas por las Administraciones Públicas.

El siguiente artículo, el Artículo 6. Punto general de entrada de facturas electrónicas de cada una de las administraciones públicas, estatal, autonómico y local, añade cambios puntuales en el punto 4 y 6 y se añaden el punto 7 y 8, por los que se introducen las siguientes cuatro actualizaciones y pretendidas mejoras:

Empezando con la admisión de las facturas electrónicas presentadas en el Punto General de Entrada, por este mismo órgano siempre que cumplan todos los requisitos legales exigibles y una vez haya sido admitida, su distribución a la oficina contable competente.

Este cambio puede retrasar la llegada de la factura a la oficina contable competente pero, ayuda a cada Administración Pública a llevar un registro y control de sus facturas, por lo que esa demora se ve compensada evitando el impago de facturas al hacer sido ya aceptadas. Aunque aquí la Ley olvida que el Punto general de entrada de cada administración Pública controlase que los abonos se hiciesen efectivos en el plazo debido contractual o legalmente y se evitase incurrir en mora con los proveedores, asegurándoles el pago en el plazo pactado, medida necesaria para reforzar la confianza de los proveedores en las Administraciones Públicas.

Se determina el órgano que va a determinar los servicios de interoperabilidad entre el resto de Puntos de las Administraciones Públicas, como Autonómicos, Locales, Universidades,… con el Punto General de Entrada de la Administración General del Estado (FACe), la Secretaría del Estado de las Administraciones Publicas y la Secretaría del Estado de Presupuestos y Gastos.

El segundo derecho que los proveedores adquieren mediante esta modificación de la Ley que venimos comentando es el derecho del proveedor a presentar la factura ante el Punto general de entrada de la Administración General del Estado (FACe), cuando una Administración Pública no dispusiese de Punto general de entrada y no se hubiese adherido al de otra administración, y ésta será la encargada de remitir la factura a la Administración competente. Con ello se tiende a que cada vez, se le dé más responsabilidades a FACe para conseguir centralidad y  control de las mismas tan necesario.

Municipios de menos de 20.000 habitantes contarán con la colaboración y medios técnicos necesarios de las diputaciones provinciales y otros, para que puedan abonar las facturas electrónicas de sus proveedores, dotando con este cambio de más seguridad en el cobro de sus facturas a los proveedores.

Por lo que se respecta al tercero de los artículos, Artículo 9. Procedimiento de tramitación de facturas, señalar que se modifica el párrafo 3 del punto 1, se añade el párrafo 4 del mismo punto y se modifica el punto 2.

Las facturas de un importe de hasta 5.000, 00 € y las correspondientes a servicios en el exterior de cualquier Administración Pública, estatal, autonómica y local de Madrid y Barcelona, en formato papel, se podrán excluir reglamentariamente la obligación de anotación en el registro contable de su oficina correspondiente, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para para su presentación por el Punto general de entrada. Medida no sabemos si muy favorable para el pretendido control y centralización de las facturas de los proveedores, ya que en la práctica una excepción mal aplicada, se puede convertir en generalidad y perder la pretendida protección del proveedores.

El párrafo 4 del punto 1 que se añade, no es claro en su totalidad y tendremos que estar a lo que en la práctica se desarrolle, ya que por un lado, establece que los registros contables de facturas se podrán conectar con distintos Puntos generales de entrada de facturas, que es claro pero, por otro lado, se pretende mejorar estableciendo que en todo caso se conectarán  con el Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) pero cuando la administración correspondiente se hubiera adherido al uso del mismo. Por lo tanto, ¿cuándo se conectarán  con el Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe)? en todo caso, va a existir un mecanismo o sistema que conecte todas las oficinas contables con FACe o solo cuando esa oficina contable se adhiera a FACe voluntariamente, que para conseguir reducir la morosidad y dar transparencia a las Administraciones Públicas, lo más lógico  sería el desarrollo de ese punto central único de conexión de las oficinas contables con FACe, pero la Ley lo deja a la libre interpretación, en base a los intereses de cada Administración, para dejar una puerta abierta a no hacer las cosas para cambiar, mejorar y crecer.

Medida positiva la asignación automática de un código de identificación a cada factura en el momento de su anotación en el registro contable de facturas y comunicación inmediata de dicha asignación a los Puntos generales de entrada con los que este interconectado este registro, pudiendo rechazarse la factura SOLO cuando no cumpla algún requisito de los legalmente exigidos.

Por el  Artículo 12. Facultades y obligaciones de los órganos de control interno, se añade el punto 3, introduciendo controles anuales de auditoría de sistemas de los registros contables de facturas para verificar su funcionamiento y no queden retenidas facturas y la realización de un informe de auditoría de los tiempos medios de inscripción de las facturas en el registro contable y número y causas de facturas rechazadas.

Por último mediante la Disposición Adicional Sexta. Publicidad de los Puntos generales de entrada de facturas electrónicas y delos registro contables, que se añade el punto 2 y 3, se introduce la manera en la que se dará esa publicidad, que será mediante un directorio actualizado de las Administraciones Públicas con la dirección electrónica de su Punto general de entrada de facturas electrónicas y resto de información complementaria útil para los proveedores.

Aquí el único pero, que encontramos es que no determina con qué frecuencia se deberá actualizar ese directorio, por lo que los proveedores no podrán saber si la información publicada en ese directorio es realmente actual o por el contrario, se ha quedado obsoleta.

En lo que a los medios de publicidad respecta para los Municipios de menos de 20.000 habitantes, también aquí, contarán con la colaboración y medios técnicos necesarios de las diputaciones provinciales y otros, para que puedan publicar una dirección electrónica vinculada a ellos  y resto de información para sus proveedores.

Con estas medidas y cambios, en general, se tiende a centralizar lo máximo posible la entrada de facturas de las diferentes Administraciones públicas, mediante el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, comúnmente conocido como FACe, dotando de mayor seguridad a los proveedores en el cobro de sus facturas y reduciendo considerablemente, la morosidad en el pago de las mismas, debiéndose en un futuro próximo centralizar la entrada de facturas electrónicas en FACe y este Punto general de entrada Estatal fuese el que las depositara automáticamente en la Administración competente, responsable de su acceso, tramitación y gestión hasta su abono en el plazo debido, o incluso, yendo más allá, creando un Punto general de entrada de facturas electrónicas superior al de la Administración General del Estado, para así tener centralizadas realmente, todas las facturas electrónicas, sin dejar sin control las de la Administración General del Estado y así dotar de la máxima transparencia y competitividad a nuestras Comunidades Autónomas, a nuestro país, así como, estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que es de la única forma que se conseguiría y hacer del Estado la “Empresa” más fiable, sólida y sostenible.

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Acerca de Paloma Morales Villanueva

Máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad Antonio de Nebrija, Máster de Acceso a la Abogacía por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en Derecho Mercantil y de Empresa. Centrada laboralmente en Derecho Mercantil. Carrera profesional en despachos nacionales, multinacionales y firmas globales como, Renault, Clifford Chance y Merck, Sharp & Dohme y Profesora en Proyectos de Edición e Invetigación Jurídica, en Grupo Difusión y en Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Actualmente, Abogada en el Área del Derecho Mercantil, en Bufete Marín.

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