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Derecho Societario

Suspensión Cautelar de la Legalización Telemática de los Libros Sociales por el TSJ de Madrid

Esta entrada la vamos a dedicar a la suspensión cautelar de la legalización de los libros sociales de manera telemática mediante el Auto que dictó hace aproximadamente una semana, el lunes, 27 de abril de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debido a su urgencia y gran importancia de manera generalizada puesto que afecta a todas las sociedades del territorio español.

El inicio de esta cuestión nace el pasado septiembre con la aprobación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que regula medidas de apoyo al emprendedor y la actividad empresarial, su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los primeros momentos de comienzo de la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización, mediante la que además se modificaron algunos trámites, como el que aquí nos ocupa,  de interés generalizado, con la redacción de su artículo 18 en cuanto a la legalización de los libros sociales, ya que aparte de querer legalizar los libros sociales telemáticamente, teniendo que ser estos presentados  en formato electrónico o digital, que en principio no tendría por qué presentar ningún inconveniente para las sociedades, la gravedad del asunto viene cuando incluye que se legalicen en el registro después de su cumplimentación, entrando en contradicción con lo regulado por el art.332 del Reglamento del Registro Mercantil, que sostiene la presentación de los libros sociales obligatorios para su legalización, en blanco, lo que pone en peligro las empresas, ya que los libros de actas incluyen información confidencial de las mismas, donde se plasman actuaciones ya realizadas, como estrategias y planes de futuro, con lo que de conocerse por terceros, parece evidente que afectaría gravemente la confidencialidad, secreto y estrategia del negocio, y se podría ocasionar un gran perjuicio para las empresas, ya que no se regula ningún sistema de protección de esa información confidencial y por tanto, muy sensible, a la vez que valiosa.

Y no era suficiente con ello, que en lugar de desarrollarse un Reglamento de dicha Ley en la que se concretaran exhaustivamente esas medidas de seguridad tan necesarias, al ser una información extremadamente  sensible, la que los libros de actas de las sociedades contienen, u otra Ley posterior por la que se derogase dicha mención tan espeluznante, que los libros sociales obligatorios “se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico”  y se regulase nuevamente que se siguiesen legalizando en blanco telemáticamente, en soporte electrónico, u otra solución similar, que el 12 de febrero de 2015, la Dirección General de Registros y del Notariado dicta una Instrucción sobre la legalización de los libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, que aumenta la preocupación de las empresas por la seguridad de su información confidencial, ya que mediante la misma se desarrolla el contenido del mencionado artículo que continúa poniendo en peligro la confidencialidad y privacidad de las deliberaciones y acuerdos de los órganos sociales y de las operaciones de las compañías, debido a la ineficiente regulación contenida en ésta por la ausencia de protocolos de actuación para evitar un uso indebido de la información confidencial y/o privilegiada de las compañías por parte de Registradores y demás personal del Registro Mercantil. Por lo que se desprende un gravísimo riesgo de que esa misma información confidencial y privilegiada caiga en manos de terceros. Ya que la información que consta en el Registro Mercantil es de libre acceso al público, de tal manera que cualquier sujeto puede dirigirse a él para obtener información de cualquier empresa.

Llegados hasta aquí, no debemos olvidar que lo único que la Dirección General de Registros y del Notariado puede hacer es aprobar circulares y órdenes de servicio dirigidas exclusivamente a los Registradores, de conformidad con el art. 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con el Real Decreto 873/2014, de 10 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior y con el 354 del Reglamento del Registro Mercantil, que no tienen carácter de norma con rango de ley. Límites competenciales objetivos que se han de poner de manifiesto en relación con la Instrucción de la DGRN que nos ocupa.

Ante estas regulaciones, con rango de norma y sin él, pero de aplicación, saltaron las alarmas en todas las empresas de nuestro país y a pesar de haber sido una lucha a contrarreloj, ya que la Instrucción de la DGRN,  se publicó el 16 de febrero de 2015 y el plazo para la legalización de los libros sociales finalizaba el 30 de abril, las compañías cotizadas han conseguido bloquear esta decisión administrativa del Registro Mercantil, a través de la Asociación sin ánimo de lucro, Emisores Españoles, que presentó un recurso contra esta Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, que el pasado 27 de abril, dictó un  auto por el que se adopta como medida cautelar la suspensión de la citada Instrucción, cumpliéndose perfectamente los 3 requisitos para la adopción de medidas cautelares, exponiendo de forma clara el periculum in mora “ perjuicio por el retraso” y del fummus boni iuris “ apariencia del buen derecho”,  es decir, que lo que se está solicitando es conforme a derecho y se podría obtener una sentencia estimatoria y el peligro o riesgo del retraso en obtener dicha sentencia,  puede producir daños muy graves, casi irreparables si no se adopta una medida cautelar, ya que al finalizar el plazo para la legalización de los libros sociales el 30 de abril, la medida cautelar era más que necesaria y urgente, y el tercer requisito la caución, que es la necesidad de prestar una cantidad de dinero por la parte que lo solicita, que se cumple a la perfección, hasta que recaiga sentencia.

Por todo ello, como nota aclaratoria indicar que no se pone en peligro la seguridad jurídica en el tráfico mercantil, sino, todo lo contrario se sigue manteniendo ésta, que es lo importante para todas las empresas, manteniendo el sistema que se venía empleando hasta antes de la aprobación de la Instrucción, sistema adecuado y eficaz para dar cumplimiento a tal fin y que, por tanto puede seguirse aplicando más allá del 30 de abril de 2015 y hasta que recaiga sentencia del presente recuso, a la que estaremos muy pendientes de su publicación.

Por ultimo añadir, que la Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia está elaborando una nueva Instrucción en la que se establecen mecanismos de encriptación para la legalización de los libros sociales, según ha podido confirmar el Diario Económico, El Economista, de fuentes solventes. El texto de esta Resolución se encuentra en fase de informe al Consejo del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Con esta actuación el Ministerio de Justicia prevé poner fin a la suspensión provisional como medida cautelar que venimos comentando pero, que difícilmente lo consiga y hasta que no recaiga sentencia sobre el citado Recurso se aplicará el trámite ordinario y tradicional.

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Acerca de Paloma Morales Villanueva

Máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad Antonio de Nebrija, Máster de Acceso a la Abogacía por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en Derecho Mercantil y de Empresa. Centrada laboralmente en Derecho Mercantil. Carrera profesional en despachos nacionales, multinacionales y firmas globales como, Renault, Clifford Chance y Merck, Sharp & Dohme y Profesora en Proyectos de Edición e Invetigación Jurídica, en Grupo Difusión y en Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Actualmente, Abogada en el Área del Derecho Mercantil, en Bufete Marín.

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