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Contratación Mercantil

Contratos celebrados por Vía Electrónica

Por la gran expansión que cada día adquieren las redes de telecomunicaciones, y en especial, Internet, como vehículo de transmisión e intercambio de datos y de todo tipo de información, incorporándose en la vida económica y social ofreciendo innumerables ventajas, permitiendo a las empresas obtener una mayor eficiencia, un aumento de las posibilidades de elección a los usuarios y creación de nuevas fuentes de empleo, esta entrada y las sucesivas, las vamos a dedicar a los “Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico”, en concreto, este post lo vamos a dedicar a la “Contratación Electrónica o Contratos celebrados por Vía Electrónica”, mediante el que aclararemos ciertas dudas jurídicas que las Nuevas Tecnologías o Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, comúnmente conocidas como las “TICS” pueden plantear al emplearlas, ya que es importante entender los cambios, para poder aplicarlos y evitar que nos generan desconfianza y rechazarlos y desaprovechar las grandes ventajas y oportunidades de crecimiento y mejora que las redes de telecomunicaciones nos pueden dar cada día.

Para situarnos en la materia, partimos del concepto amplio de Servicios de la Sociedad de la Información, recogido en el artículo 2 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), que nos remite al punto 2) artículo 1 de la DIRECTIVA 98/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de julio de 1998 que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, con base en el siguiente literal:

« 2) “servicio”, todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios.

A efectos de la presente definición, se entenderá por:

  • “a distancia”, un servicio prestado sin que las partes estén presentes simultáneamente;
  • “por vía electrónica”, un servicio enviado desde la fuente y recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y de almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético;
  • “a petición individual de un destinatario de servicios”, un servicio prestado mediante transmisión de datos a petición individual.

Centrándonos ya en nuestro tema a tratar aquí, en cuanto lo que a la Contratación Electrónica o Contratos Celebrados por Vía Electrónica se refiere, recogemos que la validez y la eficacia del consentimiento prestado por vía electrónica producirá todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico español y conforme a derecho y conlleva los mismos derechos y obligaciones para las partes, que el consentimiento prestado estando presentes las partes simultáneamente, siempre que se cumplan los requisitos de la prestación del consentimiento, regulado por el Código Civil, y lugar de celebración regulado por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,  más los propios del contrato para que este válidamente formado, según regula el artículo 1.261 de nuestro Código Civil, que éste tenga un objeto y una causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte.

Destacar que no es necesaria una admisión expresa, ni el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos en los contratos mercantiles, para que el contrato tenga validez y eficacia entre las partes y asegure una equivalencia entre los contratos escritos, en soporte o formato, papel y digital o electrónico, ya que cumplen igualmente, el requisito de la forma, regulado por nuestro Código Civil, en su artículo 1.278.

El prestador de servicios de la sociedad de la información  u oferente deberá cumplir con unas obligaciones de información previas al procedimiento de contratación, teniendo la obligación de poner a disposición del destinatario o aceptante, de forma permanente, fácil, gratuita, clara, comprensible e inequívoca la siguiente información, en su página web o sitio de Internet:

  • Qué trámites deben seguirse para realizar el contrato.
  • Si el prestador va a archivar el contrato y si este va a ser accesible para el destinatario.
  • Medios para la identificación y corrección de datos.
  • Lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato.

A ello, añadir que si el prestador u oferente diseña la contratación electrónica de los servicios que presta, para sea posible mediante e acceso dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, deberá facilitar  de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de internet en que dicha información es puesta a disposición del destinatario.

Dentro de esta obligación de información previa a la contratación encontramos 2 excepciones, cuando ambos contratantes así lo acuerden y ninguno tenga la consideración de consumidor o el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante el intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente.

El periodo de validez o vigencia de las ofertas o propuestas de contratación mercantil realizadas por vía electrónica será el que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio.

Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación electrónica, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las Condiciones Generales, en las cuales conste el contrato, debiendo poder ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.

Otro punto a destacar es el lugar de celebración del contrato electrónico, que cuando intervenga un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual, y cuando sea celebrados entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto en contrario, se presumirá celebrado en el lugar que esté establecido el prestador de servicios.

Una vez que el consentimiento del aceptante o destinatario del servicio ha sido otorgado al oferente o prestador mediante la aceptación de las Condiciones Generales del contrato, el oferente tiene obligaciones de información posteriores a la celebración contrato, como es la obligación de confirmar la recepción de la aceptación al destinatario del servicio o usuario que la realice. Esta obligación puede realizarla por dos medios, bien, mediante envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de 24 horas siguientes a la aceptación que nos acabamos de referir, como en la práctica habitual realizan las compañías aéreas cuando compramos un billete de avión, o bien, mediante la  confirmación de la aceptación recibida, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, tan pronto como el aceptante haya completado dicho proceso y que ésta pueda ser archivada por el aceptante.

Se entenderá recibida la aceptación y realizada la confirmación de la aceptación cuando las partes interesadas tengan constancia de ello, y cuando la confirmación de la recepción de la aceptación se realice mediante acuse de recibo, dicha aceptación se presumirá realizada desde el momento en que el acuse de recibo haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.

Es de notoria importancia y por ello destacamos, la intervención de terceros de confianza, pactada entre las partes, que se encargarán de archivar en soporte informático las declaraciones de voluntad que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes y de custodiar la fecha y el lugar de dicha formalización de la contratación, y por el tiempo estipulado, que en ningún caso será inferior a 5 años. Este sistema de verificación y custodia, como realizan algunos proveedores de servicios de acceso a las redes telecomunicaciones que prestan un servicio de intermediación, alojamiento de datos y custodia, no sustituirá a las funciones que realizan las personas facultadas para dar fe pública con arreglo a derecho, como son los Notarios.

Por último, referirnos a la validez del contrato electrónico o celebrado por vía electrónica como prueba documental en un proceso judicial. Como particularidad, añadir que los contratos electrónicos en los que se otorgue el consentimiento mediante firma electrónica, en lugar de mediante aceptación por el destinatario, la partes deberán tener presente que la carga de la prueba de la parte que la utilice varía, si esta es avanzada o reconocida, siendo ambas válidas para poder presentar el contrato como prueba documental, ya que la carga de la prueba de la firma reconocida es de nivel bajo, ya que esta firma ,además de las garantías que tiene la avanzada, está basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, todo ello con base a lo regulado por el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 diciembre, de firma electrónica.

Esta modalidad de contratación por vía electrónica viene regulada por las normas de Derecho Internacional Privado vigentes del ordenamiento jurídico español, que se complementará con la regulación que incluirá nuestro Nuevo Código Mercantil, en su Libro IV. De las Obligaciones y Contratos Mercantiles en General, Título II. De las formas especiales de contratación, Capítulo I. De la contratación electrónica.

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Acerca de Paloma Morales Villanueva

Máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad Antonio de Nebrija, Máster de Acceso a la Abogacía por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en Derecho Mercantil y de Empresa. Centrada laboralmente en Derecho Mercantil. Carrera profesional en despachos nacionales, multinacionales y firmas globales como, Renault, Clifford Chance y Merck, Sharp & Dohme y Profesora en Proyectos de Edición e Invetigación Jurídica, en Grupo Difusión y en Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Actualmente, Abogada en el Área del Derecho Mercantil, en Bufete Marín.

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