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Derecho Mercantil

El Nuevo Código Mercantil de 2015 (VIII)

Continuando con el análisis sobre Contratación Mercantil, que regulará el Código Mercantil de 2015, en esta tercera entrada y última, relativa a la Contratación, finalizamos el estudio del Libro V. De los Contratos Mercantiles en Particular.

El Título V. De los Contratos de depósito, los definirá como aquellos contratos mediante los que una parte, el depositario, se obliga a cambio de un precio a custodiar las cosas que le entregue la otra parte, el depositante, y a devolvérselas.

Como novedades importantes de este tipo de contrato destacar dos, la primera de ellas, la obligación del depositario de custodiar o guardar la cosa entregada, con la correlativa obligación del depositante de colaborar en la conservación de la cosa depositada, inspeccionando la misma, comunicando al depositario las medidas que estime necesarias para la mejor conservación de ésta y retirar muestras, y la segunda novedad, la regulación del documento de entrega firmado por ambas partes, que será prueba entre las partes de la entrega de la cosa depositada, del estado de la misma y de su recepción por el depositario, e incluso que las partes puedan llegar a convenir que el documento de entrega tenga consideración de título valor, a efectos de movilizar la titularidad del depósito.

En lo que respecta a la regulación de los depósitos especiales, hacer mención al contrato de depósito en almacenes generales y dos tipos nuevos, el depósito colectivo fuera de almacenes generales y el depósito en poder del propio depositante.

Como principales novedades del contrato de depósito efectuado en almacenes generales, decimos que serán la reagrupación de todas las normas sobre esta modalidad de depósito y el establecimiento de las normas sobre los contratos de depósito. Asimismo, dará un concepto extensivo de depositario capaz de transcender la idea tradicional del almacén general de depósito, para englobar las entidades depositarias públicas y privadas cuya dedicación profesional consista justamente en recibir mercancías en depósito.

Destacar que la regulación de estos últimos, se basa en relación existente entre el depositario y depositante o titular legítimo del resguardo de depósito, que viene determinada por el contenido de éste último. La disciplina de estos títulos se inscribe en los sistemas de doble título de depósito o sistemas de título escindido, con una primera escisión de la matriz, parte que quedará en manos del depositario, y una segunda parte, el resguardo, que quedará en manos del depositante, que a su vez se escindirá en dos, una, el resguardo de depósito, y la otra, el resguardo de garantía o warrant o derecho de crédito garantizado con prenda, con la totalidad de la cosa o mercancía que se entrega en depósito. De este último título o resguardo el titular legítimo será el depositante, y el tenedor de buena fe, el depositario.

Ambos títulos conjuntamente confieren al depositante, el derecho a la restitución de las mercancías depositadas contra presentación y rescate del doble título o de los títulos escindidos; y ambos títulos, resguardo de depósito y de garantía, hacen prueba del contenido del contrato al que están conectados y respecto de determinados hechos, como la recepción de mercancías por el depositario, su estado y características al tiempo del receptum.

La seguridad jurídica y la función económica de los títulos de depósito, hacen necesario que las vicisitudes de las mercancías tengan reflejo en la disciplina del doble título, prestándose especial atención a la integridad de las cosas depositadas, permitiendo al titular legítimo del doble título el derecho de inspección y de control de las mercancías depositadas y siempre sin entorpecer la actividad profesional del depositario.

 El Título VI. De los Contratos de transporte, nos vendrá a regular la materia relativa a los contratos de transporte terrestre, aéreo y marítimo, limitándose sobre este último a remitirse a su regulación específica, Ley General de Navegación Marítima, que actualmente es Proyecto de Ley, encontrándose en tramitación parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, en su fase de enmiendas.

En lo que a los contratos de transporte terrestre se refiere este Título VI, podemos distinguir dos modalidades, contratos de transporte terrestre de mercancías y contratos de transporte terrestre de personas o viajeros.

En cuanto al primero de ellos, destacar que incorporará la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre con mercancías, la cual adaptó nuestro Derecho español al modelo que suponen los convenios internacionales en la materia. Asimismo decir que, regulará por separado el transporte de mercancías en sus dos variantes, por carretera y por ferrocarril. Destacar como novedad la regulación de los contratos multimodales y el contrato de mudanza.

En lo que se refiere a la segunda modalidad, ante la carencia de normativa comunitaria sobre los contratos de transporte terrestre de personas o viajeros, el Código Mercantil de 2015 incorporará varios artículos del Anteproyecto de Ley del Contrato de Transporte Terrestre en materia de viajeros, no incluidos en la citada Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías.

En materia de contratos de transporte aéreo, hace la misma distinción que el terrestre, contratos de transporte aéreo de mercancías y contratos de transporte aéreo de pasajeros.

Sobre el contrato aéreo de mercancías decir que, se remitirá por lo general, al transporte terrestre de mercancías, a excepción de algunos aspectos como, la responsabilidad del transportista, que hace referencia a la normativa de la Unión Europea e internacional, con el fin de lograr la uniformidad entre la normativa interna y la internacional.

Refiriéndonos al contrato de transporte aéreo de pasajeros, destacar que para regular esta materia se tendrán en cuenta los convenios internacionales y la normativa de la Unión Europea.

Continuando con el análisis de esta segunda parte del libro V, el Título VII. De los Contratos financieros, definirá estos contratos como aquéllos por los que, teniendo por objeto una cantidad o suma de dinero de curso legal, una o ambas partes conceden o facilitan a la otra, directa o indirectamente, financiación monetaria en la forma, plazo o términos que estipulen, a cambio de un precio.

Dentro de este Título VII encontraremos siete tipos de contratos financieros mercantiles o contratos bancarios, que son los contratos que realizan usualmente las entidades de crédito en el ejercicio de su actividad, y sin olvidar que estos contratos tienen como objeto el dinero, no como medio de pago o cumplimiento de la obligación, que también lo tienen y, que vamos a pasar a estudiar.

En primer lugar, encontraremos el contrato de depósito de dinero, por el cual el depositante entrega al depositario una suma determinada de dinero de curso legal, con la obligación de custodiar el valor nominal de dicha suma monetaria y de restituirla al depositante o a quien de él traiga su derecho, en los términos convenidos. Destacar aquí como novedad, la pretensión por ensalzar la mercantilidad de este tipo de contratos, permitiendo el establecimiento de relaciones esporádicas e imposibilitando o al menos dificultando los contratos de depósito de dinero fuera del sistema bancario.

Como aspectos importantes nos señalará la característica principal del dinero en curso, como un bien de valor autónomo y que el depositario no adquiere la propiedad del dinero, a diferencia de lo que ocurre en el contrato de préstamo mercantil, que explicaremos a continuación, y de ello derivará la obligación de custodia del depositario, que enfatizará incorporando las teorías propias del Derecho anglosajón sobre mezcla de bienes en el caso de infracción de obligaciones fiduciarias y acción de devolución de ganancias obtenidas.

Tras esta modalidad, regulará los contratos de préstamo mercantil, mediante el que el prestamista se obliga a entregar al prestatario una determinada suma de dinero, para que éste le devuelva dentro del plazo pactado la cantidad recibida, incrementada con el correspondiente interés. Aquí, es de suma importancia la novedosa introducción de la regulación del importante tipo contractual del préstamo participativo, por el que por acuerdo expreso de las partes podrá establecerse que la retribución del prestamista consista, en todo o en parte, en un porcentaje del beneficio que obtenga el prestatario en la actividad para la que se destinen los fondos prestados, o de su volumen de negocio, o en un margen del aumento de valor que experimente el patrimonio de éste, en un determinado plazo.

El tercer tipo que aquí se vendrá a regular será el contrato de apertura de crédito, destacando que aquí, el Código Mercantil de 2015 incorporará los criterios básicos de las Reglas y Usos Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional para los contratos de crédito documentario, muy frecuentes en la actividad mercantil.

En cuarto lugar, encontraremos el contrato de arrendamiento financiero o “leasing”, del que se hará una regulación completa al que hasta entonces hacía referencia la Ley 26/1988, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, el Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), el Plan General de Contabilidad y los trabajos UNIDROIT.

El quinto será el contrato de cesión financiera de créditos, que hasta ahora estaba regulado en una Disposición Final de la Ley 25/2005, de entidades de capital riesgo, que vendrá a establecer las reglas de juego de los contratos, a través de los cuales se realiza la financiación de las operaciones comerciales como, el contrato de descuento comercial, el contrato de factoraje o “factoring”, como es usado en la práctica y el contrato de confirmación financiera o “confirming”.

El sexto será el contrato de garantía, que aunque propiamente no conceden financiación, son instrumentos esenciales para su concesión, y abordará las especialidades mercantiles del contrato de fianza, como la fianza real, la fianza a primer requerimiento, el mandato de crédito y las cartas de patrocinio y también, las garantías financieras provenientes de la normativa europea.

Por último, se recogerán los contratos financieros instrumentales, que no supondrán concesión directa de financiación, pero constituirán marcos jurídicos en los que se desarrollarán numerosas operaciones financieras como, el contrato de cuenta corriente, el contrato o acuerdo de compensación contractual y el contrato de depósito de valores.

El Título VIII. De los Operaciones o contratos en el mercado de valores mantendrán el tradicional término “Bolsas” para referirse a los mercados oficiales de acciones, obligaciones y demás valores negociables, precisará el significado del término “valores”, señalará que existen dos clases de mercados, el primario y el secundario y calificará como “operaciones ilícitas”, el uso de información privilegiada y la manipulación de cotizaciones.

Señalar que admitirá operaciones especiales como, las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAS), las Ofertas Públicas de Venta, (OPVS), así como las operaciones de fuera de mercado, aún cuando en éstas sean también de aplicación las normas sobre el uso de información privilegiada y la obligación de formular OPAS.

El Código Mercantil de 2015 no vendrá a integrar la normativa jurídico-institucional del mercado de valores, que debe seguir figurando en la ley especial, Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, sino únicamente integrará unos principios generales del orden jurídico privado, que servirán de criterio imperativo a las disposiciones vigentes y de guía orientadora a la futura legislación.

Por último, concluimos el análisis de este Libro V, con el Título IX. De los contratos de seguros y mediación de seguros. En cuanto a los contratos de seguros decir que como modificaciones fundamentales incluirá varias, la exigencia de que la póliza contenga únicamente las condiciones generales, especiales o particulares que le sean aplicables al contrato que subscriba el tomador, para evitar que recaiga sobre él, como sucede en la actualidad con los contratos utilizados en la práctica; la compleja tarea de discriminar qué condiciones le resultan aplicables y cuáles no, aclarando la enrevesada distinción entre cláusulas delimitativas del riesgo cubierto y cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, exigiendo que el contenido de la póliza o contrato de seguro identifique de manera completa la naturaleza del riesgo cubierto, con la indicación clara, destacada y comprensible, de las exclusiones u otras posibles limitaciones o condiciones de la cobertura; la nulidad de las cláusulas contractuales que pretendan dar cobertura a sanciones penales o administrativas por razones evidentes de orden público; la exigencia del asegurador de una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización, debiendo presentar una propuesta motivada y documentada de indemnización o una respuesta motivada de denegación de aquella, técnicas que han demostrado su efectividad en los contratos de seguro de responsabilidad civil del automóvil.

Mencionar aquí simplemente, los subgrupos en los que se divide este tipo de contratos, los contratos de seguros contra daños, destacando el contrato de seguro de responsabilidad civil, y los contratos de seguros de personas como, los contratos de seguro de vida, y dos nuevos tipos, los contratos de seguro de decesos y los contratos de seguro de dependencia.

Y en cuanto a la mediación en la contratación de seguros mercantiles, la regulará articulándola mediante el contrato de agencia o el de correduría de seguros, estableciendo únicamente las especialidades de estos contratos respecto de los de agencia y mediación o corretaje, cuya regulación se aplicará con carácter supletorio de lo que dispongan las partes.

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Acerca de Paloma Morales Villanueva

Máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad Antonio de Nebrija, Máster de Acceso a la Abogacía por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en Derecho Mercantil y de Empresa. Centrada laboralmente en Derecho Mercantil. Carrera profesional en despachos nacionales, multinacionales y firmas globales como, Renault, Clifford Chance y Merck, Sharp & Dohme y Profesora en Proyectos de Edición e Invetigación Jurídica, en Grupo Difusión y en Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Actualmente, Abogada en el Área del Derecho Mercantil, en Bufete Marín.

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