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Derecho Mercantil

El Nuevo Código Mercantil de 2015 (V)

En esta nueva entrada vamos a examinar el contenido que regulará el Nuevo Código Mercantil de 2015 en su Libro III. Del Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial, siendo la regulación de la competencia en el mercado, una innovación de relevante importancia dentro de este cuerpo normativo con respecto del Código de Comercio de 1885, aún vigente, por exigencia de la nueva perspectiva en la que se basa el Derecho Mercantil, como “Derecho que establece las reglas de actuación en el mercado”.

La novedad se advierte, tanto desde un punto de vista sistemático al incluirse por primera vez las normas ordenadoras de la actividad empresarial en el mercado, como sustantivo al incorporarse las normas de conducta dirigidas a empresarios, profesionales y cualesquiera entidades que participen en el mercado, es decir, desarrollen actividades de oferta, comercialización y adquisición de productos o servicios en el mercado.

Este Libro III. Del Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial consta de seis Títulos, dedicando el Título I a los principios generales en materia de competencia; el Título II a la competencia desleal; el Título III a la defensa de la competencia; el Título IV a las acciones derivadas de la competencia desleal y de las prácticas restrictivas de la competencia; el Título V a los códigos de conducta; y el Título VI a la propiedad industrial.

Pasando a analizar el contenido que regulará el Título I. De los principios generales en materia de competencia, decimos que aquí se reproducirá, tanto en su estructura sistemática, como en su contenido, las disposiciones generales de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, estableciendo que las normas sobre competencia tienen por objeto la protección de ésta, en interés de todos los que participan en el mercado y prohibiendo los actos de competencia desleal y las prácticas restrictivas de la competencia.

Hacer un apunte sobre la innecesariedad de incluir una disposición del ámbito territorial de aplicación de ésta materia por la promulgación del Reglamento (CE) Nº 864/2007 (Roma II) y solo aludir al ámbito objetivo y subjetivo.

El Título II. De la competencia desleal, se centra en establecer las normas de conducta que configuran el Derecho de la lealtad en la competencia, de la buena fe, reproduciendo básicamente el esquema de la cláusula general y supuestos particulares de la competencia desleal de la citada Ley, integrando alguna norma especial y manteniendo su orientación político-legislativa, reiterando también, los preceptos sobre prácticas comerciales desleales por medio de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, una vez adaptados a la Directiva 2005/29/CE (“Directiva sobre las prácticas comerciales desleales”).

En su Título III. De la defensa de la competencia, recoge las normas sustantivas de la legislación vigente en materia de defensa de la competencia, que contemplan básicamente la prohibición de acuerdos restrictivos, la interdicción del abuso de posición de dominio y los criterios de enjuiciamiento de las operaciones de concentración y deja en la legislación especial solamente las normas orgánicas y las relativas al procedimiento administrativo ante el órgano competente para la defensa de la competencia. Añadir que en aras de la seguridad jurídica y dada la aplicación del Derecho europeo y del Derecho nacional, se ha optado por una mayor equiparación del régimen español al europeo.

En lo que se refiere al contenido que regula su Título IV. De las acciones derivadas de la competencia desleal y las prácticas restrictivas de la competencia, decimos que, extenderá los remedios y normas procesales de la Ley de Competencia Desleal a las prácticas restrictivas de la competencia, colmando la laguna que tenía la aplicación privada del Derecho de Defensa de la Competencia en España.

Su Título V. De los códigos de conducta, se centra principalmente en la elaboración de estos códigos por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores, respetando la normativa de defensa de la competencia y contando con la participación de las organizaciones de consumidores, en cuanto traten conductas relacionadas con estos últimos, para que sean asumidos voluntariamente por los empresarios. No obstante, los códigos de conducta dispondrán de sistemas independientes de control para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los empresarios a él adheridos.

Por último y no menos importante, este Libro III regulará el contenido relativo a la propiedad industrial titulando su Título VI. De la propiedad industrial, que comprende un conjunto de normas íntimamente vinculadas a la competencia, cuya regulación forma parte del derecho económico estatal indisolublemente ligado a la unidad de mercado. Por ello, nuestro artículo 149.1.9º de la Constitución Española, atribuye al Estado la competencia exclusiva para legislar sobre la propiedad industrial y el haber considerado la propiedad industrial como parte integrante del derecho mercantil, a pesar de haberse desarrollado hasta ahora al margen del Código de Comercio.

En cuanto a la delimitación de la propiedad industrial, decimos que es su objeto la que la delimita, englobando a los bienes inmateriales constituidos por invenciones, diseños industriales, topografías de productos semiconductores, obtenciones vegetales, signos distintivos de la actividad empresarial y denominaciones de origen.

Cada objeto específico cumple distinta función y otorga diferentes derechos que se adquieren mediante la obtención del correspondiente título, como son las patentes de invención, los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, los certificados de adición, los modelos de utilidad, los diseños industriales registrados, las topografías de semiconductores, las marcas, los nombres comerciales registrados y los títulos de obtención vegetal, o mediante los otros medios reconocidos en la Ley.

Haciendo una breve mención a los derechos de propiedad industrial, además de los derivados de los títulos de propiedad industrial, están los que la ley reconoce al titular de las solicitudes de registro, al usuario legítimo de las marcas y nombres comerciales notorios, no registrados dentro del ámbito territorial donde se produzca esa notoriedad, al titular del diseño industrial no registrado, a los titulares y usuarios legítimos de las denominaciones de origen y a los titulares de los rótulos de establecimientos, según lo previsto en el régimen transitorio de la legislación sobre marcas.

Asimismo, apuntar que los derechos de propiedad industrial, a los efectos de su transmisión o gravamen, o de cualquier otro acto o negocio jurídico de disposición sobre los mismos, tienen la consideración de bienes muebles y que las distintas modalidades de propiedad industrial se regirán por su legislación específica, sin perjuicio de la aplicación a todas ellas de las normas comunes que se preverán en el presente Título.

En conclusión decimos que todas ellas tienen en común dos rasgos: uno, el tratarse de un tipo de propiedad sobre bienes inmateriales destinados a ser explotados como activos empresariales en el mercado de bienes y servicios y otro, el constituirse  como instrumentos indispensables para el funcionamiento de la economía de mercado basada en el principio de la libre competencia.

Para cierre de este Capítulo decimos que, el proceso de expansión y diversificación que ha sufrido la propiedad industrial y el papel fundamental que desempeña la protección de estos derechos en el comercio internacional, en una economía cada vez más globalizada, ha sido la causa del entramado normativo nacional, comunitario e internacional existente, caracterizado por la proliferación legislativa y la especialización sectorial, siendo necesario mantener las leyes especiales sobre las diferentes modalidades de la propiedad industrial, sin perjuicio de que el Nuevo Código Mercantil establecerá unos preceptos generales a todas ellas.

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Acerca de Paloma Morales Villanueva

Máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad Antonio de Nebrija, Máster de Acceso a la Abogacía por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada en Derecho Mercantil y de Empresa. Centrada laboralmente en Derecho Mercantil. Carrera profesional en despachos nacionales, multinacionales y firmas globales como, Renault, Clifford Chance y Merck, Sharp & Dohme y Profesora en Proyectos de Edición e Invetigación Jurídica, en Grupo Difusión y en Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Actualmente, Abogada en el Área del Derecho Mercantil, en Bufete Marín.

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